Las modificaciones a los artículos
3º constitucional y 73 que enmarcan la llamada reforma educativa del 2013, asegura
el gobierno federal, tienen como objetivo fundamental elevar la calidad de la
educación que se imparte en las escuelas públicas de México. Los elementos en
los que se fundamenta esta reforma son:
- La creación del el Sistema de Servicio Profesional Docente. Este sistema se refiere a la instancia mediante la cual el gobierno federal toma en sus manos, el control total de las decisiones respecto a la asignación de plazas, ingreso y promoción.
- La creación del Instituto de Evaluación. Este instituto coordinará el Sistema de Evaluación Educativa, al cual será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este instituto tendrá como función la evaluación continua, obligatoria del personal docente y de acuerdo con la ley reglamentaria correspondiente, definirá el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los profesores. Igualmente definirá mediante concursos de oposición, los cargos de dirección y supervisión de la educación básica y media superior. El propósito será garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.
- La creación del Sistema de Información y Gestión Educativa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos, con la intención de conocer las condiciones en las que se encuentra el sistema educativo mexicano. Pretende fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, con la intención que sean dichas escuelas quienes hagan la compra de los recursos necesarios para el buen funcionamiento.
- Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. La intención de esta reforma es un mejoramiento de los hábitos de alimentación de los estudiantes.
Una vez revisado el documento
publicado en la Diario Oficial de la Federación con fecha 26 de febrero del
2013 y con el mejor de los ánimos de encontrar las condiciones más justas que
beneficie efectivamente al sistema educativo y los mexicanos, surgen al menos las siguientes preguntas:
1. El documento dice que “El sistema educativo
deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan,
prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades”; ¿Qué significa? ¿Que simplemente se les apoyará
para que superen esas “debilidades” y no se usarán las atribuciones jurídicas
del Sistema Nacional de Evaluación Educativa?
2.
El documento dice que “La ley
reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación
obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio
profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los
trabajadores de la educación” ¿Significa que se respetarán sus derechos y
conservará su plaza? o que si no reúne los requisitos, ¿se le despedirá y se le
liquidará de acuerdo con la ley? Ambos implican respeto a los derechos
constitucionales del trabajador.
3.
No existe aún la ley reglamentaria que servirá de base para aplicación de esta
reforma. La ley reglamentaria del ISSSTE no existe a la fecha, a pesar de
haberse reformado en el 2007 ¿significa entonces que se tendrá la respectiva
ley reglamentaria dentro de 8 o 10 años?
4.
La junta de gobierno del Instituto Nacional de Evaluación estará formada por 5
personas que serán ratificadas por el Senado ¿De esta forma se garantizará la
equidad en el acceso y promoción? ¿Cuáles serán las medidas adicionales que se
usarán para asegurar que la corrupción no le afecte?
5. Para
los profesores que ya forman la planta docente del país ¿automáticamente habrá
una nivelación de sus plazas para que cubran las 6-8 horas que se pretenden?
Finalmente,
esta reforma más que educativa, se trata de una reforma laboral del sistema
educativo. No hay cambios en las directrices pedagógicas; no hay cambio en el
modelo didáctico, ni en el modelo educativo. Todas modificaciones están
orientadas hacia un ajuste en las condiciones laborales de los profesores de
educación básica y media, pues de acuerdo con la fracción VII del 3º constitucional,
“Las
universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí
mismas”.
Ojalá
podamos encontrar entre todos, el camino para lograr una verdadera
consolidación del sistema educativo. Sin reproches y sí con propuestas. El país
lo necesita.
REFERENCIA
Diario Oficial de la Federación (2013). Decreto del 26 de
febrero. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013